En el mundo de la protección de datos vamos rápidamente quemando etapas: el año 2014 fue el del derecho al olvido, el 2015 la derogación del Safe Habor, el 2016 el de la sustitución del Safe Habor (el Privacy Shield) y del nuevo Reglamento UE – con recorrido de entrada hasta el 2018 -. Me gustaría hacer una reflexión respecto a algo que tenemos que tener siempre presente hoy por hoy: la propia diligencia en la gestión de nuestros datos personales.
El negocio de los datos personales
El gran negocio del siglo XXI ya no es tanto el petróleo como la obtención de datos personales, algo que tenemos que tener muy presente. Para muchas personas el valor de sus datos es tendente a nulo, cuestión – entre otras – de la cual surgen grandes negocios. Como ejemplo valga el siguiente: la empresa norteamericana Interactive Data Intelligence ha creado una de las mayores bases de datos existentes en todo el mundo (en principio centrada en la ciudadanía estadounidense), cuyo funcionamiento pretendido es que, con el simple hecho de introducir el nombre de una persona, la base devuelva un estudio pormenorizado de su actividad: gastos pagados por tarjeta, propiedades, residencia, relaciones financieras entre distintas personas, tendencias de consumo, modo de vida, … algo así como los informes mercantiles de las empresas.
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Según señalan en la citada empresa, no se trata de que realicen investigaciones específicas de determinados ciudadanos, sino que han creado una ficha de cada uno a partir de bases de datos de información pública o mediante la compra legal de bases de datos de otras empresas privadas. La información que integran a partir del nombre y los apellidos, son las direcciones físicas y electrónicas conocidas; la edad, los números de teléfono; propiedades mobiliarias (vehículos, embarcaciones, …) e inmobiliarias (viviendas, segundas residencias, alquileres,…), junto con la financiación que podamos haber empleado para adquirir señaladas propiedades; imágenes geolocalizadas; perfiles y comentarios en redes sociales, conformado con todo ello un perfil personal y de comportamiento, que supere incluso la percepción que tenemos de nuestro conocimiento propio.
El propósito primario de estas bases de datos es anticipar las tendencias y decisiones de consumo del individuo, lo cual, parece algo más dulce que los propósitos que las agencias de inteligencia de los gobiernos pueden tener en el manejo de los mismos datos, pero ¿de verdad no te importa que alguien ajeno a ti sepa que hoy vas a pedir pizza para cenar en casa, cómo lo vas a pagar y casi con quién te lo vas a tomar?.
¿Qué es el derecho al olvido?
El derecho al olvido, desde el plano legal, es una expresión de la ejecución de los derechos reconocidos de oposición al tratamiento de nuestros datos y del de cancelación de esos datos. Lo que ampara es la potestad de impedir la difusión de nuestra información personal en Internet, siempre que esta difusión sea no adecuada o pertinaz en los términos que la normativa entiende, esto es, cuando se difunde una información que el propio paso del tiempo ha dejado obsoleta, que ya no es relevante y ha perdido su interés público, por mucho que la información originaria difundida sea legítima por encontrarse publicada en algún boletín oficial o quede amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y/o de información.
Creo que más allá del derecho al olvido de una información determinada que de nosotros aparezca en la Red, está el derecho a la intimidad personal de forma global, pero claro, cuando somos nosotros mismos los que revelamos tanta información de nuestra vida ¿cómo puedo gestionar mi intimidad?. Entramos en un terreno plagado de contradicciones: ¿dejamos de usar las Redes Sociales?, ¿prescindimos de nuestro Smartphone hiperconectado e hipervitaminado?, ¿no usamos ese magnífico servicio “gratuito” – por supuesto, pagado con nuestros datos – que nos soluciona tantas cosas?.
¿Dónde está la solución o el punto de equilibrio?. Desde mi punto de vista, tenemos que trabajar en dos vías. Primero, en la cultura del ciudadano y de la empresa, del usuario de medios y canales digitales, para que sea consciente de lo que implica aportar datos en aplicaciones, registros varios y en, en general, en el uso de estos canales y medios. Aquí será la administración pública (agencias de protección de datos y organismos de seguridad de la red) los que desempeñen un papel muy destacado difundiendo y ofreciendo esa cultura. Por supuesto, los padres en el caso de menores, grupo especialmente vulnerable y que a mí me causa gran preocupación por la moda o necesidad social que hace que niños de 9 ó 10 años ya cuenten con teléfonos inteligentes (e incluso sea el regalo estrella de las comuniones) con las consecuencias de intromisión no deseada, manejo inadecuado en peligro de su propia seguridad y acceso a contenidos nos adecuados al rango de edad o madurez exigibles. Segundo, pasando los responsables de ficheros y muy especialmente aquellos que ofrecen servicios digitales – como quiere el nuevo Reglamento – de una privacidad formal a una gestión de tu privacidad, es decir, las herramientas digitales deberían permitir – sin trabas y menoscabo de su funcionalidad básica – la gestión de los datos que cedes o compartes, por medio de un panel de control de igual acceso que el resto de funcionalidades, lo cual no entra en colusión con el derecho al olvido, que cosa distinta es, sino que se trata de la responsable gestión de sus datos por el usuario, por medio del control de acceso o privilegios que conceda.
David García
Abogado TIC
